26 años de lucha contra las ilegalidades y en defensa del medio ambiente en la Sierra de Gistredo
Este pasado 22 de enero el Boletín Oficial del Estado publicaba la negativa del Gobierno de España a autorizar el proyecto eólico conformado por los parques 'El Páramo' y 'Ampliación El Páramo' en la sierra de Gistredo y el Alto Sil. Así caía el último gran proyecto energético que ha amenazado este territorio de la provincia leonesa que ha visto como se negaba, por diversas instancias y circunstancias, todos los proyectos eólicos propuestos en un territorio de alto valor ambiental, ahora reconocido en los boletines, pero que no tiene ningún grado de protección oficial.
La lucha de entidades vecinales y ecologistas han tumbado en este cuarto de siglo cuatro proyectos eólicos conformados por seis parques: Quintana, Acario y Tureno, Alto Sil-Bierzo y El Páramo-Ampliación El Páramo. Y todo empezó en el año 2000, cuando la empresa Promociones Energéticas del Bierzo, S.L -conformada a medias por el grupo minero Lamelas Viloria y la entonces Unión Fenosa- solicitaba la autorización del parque eólico Quintana, compuesto por 25 aerogeneradores entre los municipios de Toreno, Igüeña y Noceda del Bierzo. Entonces un pequeño grupo de vecinos y descendientes de la zona, con el apoyo de varias asociaciones ecologistas locales y estatales, comenzó una guerra administrativa y judicial en la que lo han ganado todo.
Aquel proyecto de parque eólico motivó la creación de una entidad local, Plataforma para la Defensa de Gistreo, que encabezó una revuelta contra este proyecto alertando de su alta afección a una zona de gran valor ambiental, además de denunciar un cúmulo de irregularidades e ilegalidades en el proceso de autorización. Denunciaban que esos proyectos acabarían con hábitats de las dos especies emblemáticas de la cordillera cantábrica, el oso pardo y el urogallo.
Quintana era en realidad un parte de un macroproyecto eólico alrededor del llamado 'Nudo Villameca', donde evacuaban la energía de una veintena de parques bajo sospechas de irregularidades en su aprobación denunciados por colectivos conservacionistas. De hecho varios de ellos siguen siendo anulados en los tribunales actualmente, como Peña del Gato que ya suma tres anulaciones judiciales.
Fueron años de lucha organizada por un pequeño grupo de personas con complicidades en silencio, amenazas variadas y una firme convicción de no permitir que las ilegalidades se impusieran. Entre las irregularidades destaca la firma de contratos de alquiler de terrenos públicos sin seguir el procedimiento administrativo, la concesión de licencias sin la aprobación del proyecto original, la mentira evidente del valor ambiental de la sierra en los informes preceptivos o los intentos de obstaculizar la personación en los expedientes municipales, entre otras.
El parque eólico Quintana fue finalmente autorizado por la Junta de Castilla y León en el año 2009, en un insólito proceso administrativo que duró nada menos que nueve años. En la autorización señalaron que el impacto en la zona era asumible pese a que la zona era de afectación de especies como el urogallo cantábrico, el oso pardo o formaba parte de un área importante para las aves (IBA), entre otras cuestiones que se desestimaron.
El fallecido consejero Tomás Villanueva, hoy señalado en el juicio por la corrupción eólica que acaba de finalizar, firmó un año después la desestimación del recurso de alzada presentado por la Plataforma para la Defensa de Gistreo y SEO/Birdlife. Y ambas entidades acordaron acudir a los tribunales para parar aquel proyecto. Este proceso fue parte de otros que denunciaron el troceamiento irregular de los proyectos eólicos de principios de los 2000 en las comarcas de Bierzo, Cepeda y Omaña, vulnerando las leyes, en unos procesos que entidades como la Plataforma en Defensa de la Cordillera Cantábrica, URZ o SEO acabaron ganando casi de forma total en los juzgados.
En fase judicial las irregularidades sobre el parque eólico Quintana no dejaron de crecer. La Junta de Castilla y León llegó a afirmar ante los tribunales que había perdido el proyecto original presentado por la empresa en el año 2000, y pretendió colar otro proyecto del 2007 que nadie había visto ni revisado más que la propia Junta y la empresa como el final. Pero los denunciantes no habían perdido sus alegaciones y en el año 2014 el Tribunal Superior de Justicia dictaminó que el proceso de autorización era nulo por vicios administrativos. Empresa, Junta y hasta el alcalde de Igüeña, Alider Presa, anunciaron que habría recurso al Tribunal Supremo pero este nunca llegó y la sentencia inicial se hizo firme. La sierra de Gistredo estaba salvada por primera vez. Pero la tranquilidad solo duraría hasta el 2021.
El intento de Capital Energy, a espaldas de todo el mundo
En el año 2021 la empresa Capital Energy anunció otro macroproyecto eólico en la Sierra de Gistredo, casi calcando el proyecto de Quintana en los municipios de Igüeña, Noceda del Bierzo, Toreno y Cubillos del Sil (incluyendo la red eléctrica de evacuación). Incluyó Toreno pese a que con el proyecto Quintana el municipio modificó su ordenamiento urbanístico prohibiendo los parques eólicos en su territorio alegando su elevado impacto ambiental. Eran solo uno, en realidad dos parques, del macroproyecto de renovables que la compañía Capital Energy en la provincia de León y en especial en El Bierzo, proyectando macroparques solares y eólicos y una polémica central hidroeléctrica reversible en el río Cabrera.
Pero el nuevo proyecto renovable se realizó a espaldas de tanto los ciudadanos como las instituciones que ya por entonces comenzaban a conocer los planes de una filial de la petrolera Repsol de promover tres parques eólicos en la sierra berciana y el Alto Sil, expandiendo los planes eólicos a los municipios de Páramo y Palacios del Sil. El primero de los proyectos se presentó en marzo de 2023 y generó un gran movimiento de rechazo ciudadano, así como una fuerte controversia política entre alcaldes de los municipios afectados.
En octubre del 2023 el Ministerio de Transición Ecológica tumbada las pretensiones de Capital Energy por la caducidad de sus autorizaciones administrativas de red y se anulaban así los dos primeros proyectos eólicos de la década.
Repsol lanza sus propuestas
El grupo energético intentó aprobar uno de sus otros proyectos de parques eólicos en la Sierra de Gistredo y Alto Sil por un atajo legal aprobado por el Gobierno de España para facilitar la implantación de renovables en España, pero el ministerio lo rechazó en previsión del alto impacto que tendrían. Entonces optó por seguir la vía ordinaria y plantear de forma conjunta la aprobación de los parques eólicos 'El Páramo' y 'Ampliación El Páramo', que incluían una gigantesca autopista eléctrica de 16,176 km, con 47 apoyos que atravesarían toda la Sierra de Gistredo desde El Bierzo hasta el Alto Sil, cortando en dos en una zona sin casi intervención humana ya que los valles están despoblados y cuentan con un alto valor ambiental.
El grupo Repsol lanzó a la vez que sus proyectos promesas económicas a los ayuntamientos a espaldas de los ciudadanos a cambio del apoyo a los parques eólicos. La alcaldesa de Páramo del Sil rechazó sus pretensiones eólicas y los alcaldes de Noceda, Igüeña y Bembibre llegaron a salir en defensa del proyecto en rueda de prensa. La alcaldesa de Bembibre se acabó descolgando y la petrolera llegó a insinuar que empujaría a favor del emblemático proyecto del tren del Ponfeblino si se aprobaban los parques, que fue considerado un chantaje por varias organizaciones ecologistas. Incluso el Consorcio del Ponfeblino aprobó la propuesta con el único voto en contra del municipio de Páramo del Sil y el apoyo del resto encabezados por el Ayuntamiento de Villablino. La propia Junta de Castilla y León rechazó este intento de la petrolera de condicionar inversiones a conseguir las autorizaciones de sus parques.
Mientras tanto la oposición vecinal y asociativa a los parques fue engordando, hasta sumar cientos de alegaciones contra todos los proyectos eólicos mediante la acción ciudadana contemporánea, un grupo de whatsapp que acumuló más de 200 miembros. Pocos saben que ese grupo se creó en realidad ya en el año 2020 por seis personas ya preocupadas por los nuevo planes eólicos de la Sierra de Gistredo y el Alto Sil para coordinar acciones. Ciudadanos anónimos, algunas juntas vecinales y otras entidades ecologistas como Bierzo Aire Limpio plantaron batalla anunciando que si se aprobaban de nuevo los proyectos eólicos volverían a ir a los tribunales.
Tras meses de tensión, el Gobierno finalmente tomaba una decisión en febrero del 2025, rechazar, como adelantó en exclusiva ILEÓN, el primero de los parques eólicos planteados por la petrolera, 'Alto Sil-Bierzo'. Lo hacía con una declaración de impacto ambiental negativa que no dejaba muchas dudas. Según Repsol su proyecto no tenia “ningún efecto especialmente severo sobre ningún factor ambiental”, pero tanto el Ministerio para la Transición Ecológica como la Junta de Castilla y León resaltaron en sus informes los valores ambientales de la zona y su cercanía a zonas protegidas y hábitat de las especies como el oso pardo y el urogallo.
Tal y como era de prever los proyectos pendientes de parques eólicos, 'El Páramo' y 'Ampliación El Páramo', acabaron esta semana con el mismo destino, una declaración de impacto ambiental negativa por su alto impacto ambiental. Nadie esperaba ya otra cosa. Ahora el Boletín Oficial del Estado es quien, con estas resoluciones, pone en valor los valores de este territorio, uno de los mejor conservados del área cantábrica pese a que parte de su territorio fue pasto de los salvajes incendios del pasado verano en la provincia de León.
Las organizaciones conservacionistas señalan la figura legal de Parque Natural como una posible herramienta de gestión que permita una mejor conservación, toda vez que las declaraciones ambientales negativas de los proyectos eólicos hacen poco probable que se vuelvan a plantear proyectos de estas dimensiones a corto plazo.
De momento, la Junta de Castilla y León no parece haber considerado la posibilidad de que este espacio sea digno ni necesite una figura de protección ambiental a pesar de sus altos valores, que ahora sí reconoce de manera la administración autonómica en sus informes de rechazo a los proyectos eólicos. Cuestionado sobre esta posibilidad esta misma semana, el portavoz Carlos Fernández Carriedo, se limitó, tras conocerse el último rechazo, a echar balones fuera y no concretar ninguna opción. Tan sólo dijo que “cualquier nueva regulación sobre el espacios protegidos tiene un procedimiento y una serie de informes técnicos”, pero nada comentó sobre si la Junta estaría dispuesta a ponerlos en marcha.
*Antonio Vega es director de ILEÓN y miembro fundador de la Plataforma para la Defensa de Gistreo
