El Consejo Comarcal de El Bierzo no rinde cuentas desde 2019, no vigila sus ayudas y tiene el 40% de su plantilla vacante
Contundente, no. Lo siguiente. La gestión en cuestión de rendir cuentas del Consejo Comarcal de El Bierzo es muy deficiente, o esto se puede colegir del informe que hoy ha aprobado en Pleno el Consejo de Cuentas de Castilla y León, que ha enviado una nota informativa en la que se desvela que lleva seis años sin rendir cuentas, desde el segundo mandato del hoy presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel.
Y que su gestión con la Relación de Puestos de Trabajo de la entidad comarcal ha sido nefasta, quedando sin cubrir un 40% de los mismos; o por lo menos justificadamente ante las que se encargan de revisar el buen uso y justificación de los presupuestos públicos como la dirigida por el antiguo alcalde de León Mario Amilivia, para vigilar la gestión de las demás en toda Castilla y León.
De esta manera órgano fiscalizador autonómico afea al único ente comarcal de Castilla y León –presidido por Olegario Ramón desde 2023– “su opacidad financiera, ausencia de planificación estratégica y falta de control sobre el personal y las subvenciones concedidas entre 2019 y 2022”.
El Consejo Comarcal de El Bierzo acumula una larga lista de incumplimientos y carencias administrativas, según el demoledor informe aprobado este miércoles por el Pleno del Consejo de Cuentas de Castilla y León. El análisis, que abarca el periodo 2019-2022, constata que esta institución no ha rendido sus cuentas generales durante los últimos cinco ejercicios –ni siquiera las de 2023– y evidencia graves déficits en materia de transparencia, control presupuestario y ejercicio competencial.
Vulneración sistemática de las obligaciones legales
El informe denuncia que la institución comarcal ha vulnerado sistemáticamente la obligación legal de presentar sus cuentas, siendo 2018 el último año con rendición formal, y fuera de plazo. Además, el Consejo Comarcal no ha facilitado información clave al Ministerio de Hacienda sobre el coste efectivo de los servicios que presta, ni ha registrado debidamente en la Base de Datos Nacional de Subvenciones las ayudas otorgadas a entidades locales durante los años analizados.
A pesar de gestionar ayudas por casi cinco millones de euros destinadas a juntas vecinales –prácticamente todas las 284 pedanías bercianas han recibido alguna subvención–, el Consejo carece de un Plan Estratégico de Subvenciones, algo obligatorio por ley. Esta falta de planificación y seguimiento añade incertidumbre sobre el uso real y la eficacia de los fondos públicos distribuidos.
Además, se constata un incumplimiento reiterado en los plazos de aprobación del presupuesto. Con un gasto medio de 4 millones de euros al año, más de la mitad del presupuesto comarcal se destina a personal. Y aunque el remanente de tesorería presenta un saldo positivo, en algunos entes como el Patronato de Turismo se han producido liquidaciones con déficit.
Escasa cobertura de personal sin RPT al día
El informe también subraya la escasa cobertura de personal de la institución: más de un tercio de los puestos recogidos en su plantilla presupuestaria de 2022 estaban vacantes. No existe un Registro de Personal actualizado y el Consejo tampoco cuenta con una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) al día, lo que dificulta cualquier intento serio de gestión de recursos humanos.
Por otro lado, el Consejo ha asumido competencias limitadas respecto a las funciones que la normativa le atribuye, y muchas otras, como el tratamiento de residuos o la extinción de incendios, han quedado en manos de la Diputación o de otros ayuntamientos. Entre las competencias que sí ha ejercido están algunas relativas al medio ambiente, atención a drogodependencias y protección a la infancia, con un gasto asociado de más de seis millones de euros en el periodo fiscalizado.
“Por debajo de los estándares mínimos exigibles”
Todo ello apunta, según el Consejo de Cuentas, a un funcionamiento institucional por debajo de los estándares mínimos exigibles en una administración pública. La fiscalización, además, se ha visto dificultada por la falta de documentación e información básica por parte del ente comarcal.
El Consejo Comarcal de El Bierzo, la única institución de su tipo reconocida en Castilla y León, gestiona servicios para una población de 121.000 habitantes repartidos en 38 municipios, la mayoría con menos de 5.000 vecinos. El informe revela que buena parte de esas pequeñas entidades no están recibiendo una asistencia adecuada, ni acorde con las competencias que la institución tiene asignadas.
La situación, según los auditores autonómicos, exige una profunda revisión del modelo organizativo, financiero y competencial de la entidad que gestiona la comarca berciana.
